A través de la resolución 708/2024, el Gobierno oficializó la decisión de dar de baja las tasas municipales que se incluían en las facturas de los servicios públicos, como Edenor y Edesur. De este modo, se busca que los consumidores tengan más protección de sus intereses económicos y reciban información más clara y veraz sobre los productos y servicios que consumen.
La medida fue confirmada mediante una resolución, que fue publicada esta madrugada en el Boletín Oficial. En el documento, se establece que corresponde “dejar sin efecto toda autorización que haya sido otorgada por este ente, en orden a que se incluya en las facturas que emiten Edenor S.A. y Edesur S.A. conceptos a cobrar ajenos a dicho servicio de carácter federal”.
La disposición, que lleva la firma de Darío Arrué, interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), se encuentra amparada en la resolución 267/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio, que fue publicada hace casi un mes. En ella, se dispone que toda información contenida en las facturas emitidas por proveedores de bienes y servicios debía referirse exclusivamente al bien o servicio contratado. De esta forma, en la normativa, se establece que no se debe incluir ninguna suma o concepto que no estuviera directamente relacionado con el producto o el servicio que se ofrece.
La decisión del Ejecutivo, que se enmarca en una serie de medidas relacionadas con las tasas municipales y otros tributos que se aplican en servicios públicos, se basa en los derechos del consumidor. “La protección de su salud, seguridad e intereses económicos”, así como el derecho a recibir información clara y veraz sobre los productos y servicios que consumen.
Es por eso que destaca la necesidad de que los proveedores de bienes y servicios suministren información precisa, detallada y clara a los consumidores sobre los productos y servicios que ofrecen. “Estas tasas dispuestas por normas locales resultan ajenas al servicio al que refieren esas facturas, el cual es controlado y regulado por un organismo de carácter federal -como es el ENRE- que se rige y aplica normativa de igual carácter”, plantearon. En consecuencia, en el segundo artículo de la resolución, derogaron “toda norma dispuesta por el ENRE que se oponga a lo dispuesto” en esta oportunidad.
La decisión del Gobierno generó malestar a algunos intendentes bonaerense desde su anuncio, especialmente en municipios del Conurbano. Ante esto, iniciaron nuevas alternativas para intentar mantener el cobro de tasas municipales, como las de Seguridad e Higiene o la Tasa Vial, que se aplican a la carga de combustibles. Las cuales representan un importante ingreso para los municipios, que argumentan que su eliminación afectaría gravemente su capacidad para financiar el alumbrado público y otros servicios.
Como indica el informe de la Secretaría de Energía sobre los impuestos y subsidios sobre las tarifas eléctricas a usuario final, “las Contribuciones Municipales son muy variadas ya que cada Municipio tiene autonomía propia para aplicar en su jurisdicción Municipal la alícuota que considere necesaria. Por tal motivo las alícuotas de las contribuciones de todo el país varían desde un 0 % hasta un 30%”.
La contribución de los usuarios de la Provincia de Buenos Aires es del 6%, mientras que para los del Gran Buenos Aires corresponde el 6,42%.
Siguiendo con el mismo ejemplo anterior, si un usuario de la Provincia Buenos Aires paga 20,000 pesos, su contribución del 6% sería de 1,200 pesos, lo que significa que pagaría un total de 18,800 pesos. En el caso de un usuario del Gran Buenos Aires, con una contribución del 6.42%, el monto a abonar sería de 1,284 pesos, lo que dejaría un total a pagar de 18,716 pesos.
