Se trata del episodio en 2010, cuando concurrió a la asamblea con un casco y guantes de boxeo. También tendrá 6 meses de inhabilitación para ocupar cargos públicos.
El exsecretario de Comercio Guillermo Moreno fue condenado este martes a dos años de prisión en suspenso por amenazas coactivas y a 6 meses de inhabilitación para ocupar cargos públicos, por haber asistido a una asamblea de la empresa Papel Prensa en 2010 con un casco y guantes de boxeo que ofreció a los miembros del directorio de la firma.
La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal (TOF) 8 con el voto de los jueces Nicolás Toselli y Sabrina Namer, mientras que la jueza Gabriela López Iñiguez se volcó por la absolución del exfuncionario.
Los fundamentos del fallo condenatorio serán dados a conocer por el tribunal el 12 de julio a las 17, tras lo cual la defensa de Moreno podrá apelar para que sea revisado por la Cámara Federal de Casación Penal.
En el juicio se ventilaron los hechos ocurridos en la asamblea de Papel Prensa del 2 de agosto de 2010 cuando Moreno arribó con los instrumentos que se utilizan para practicar boxeo e intimó a los miembros del directorio a elegir cual querían usar: “¿Casco o guante? ¿qué quiere? Hay que elegir porque el juez la última vez dijo que nos teníamos que portar bien”, les espetó.
El juicio comenzó en abril y llegada la etapa de los alegatos el fiscal Marcelo Colombo había pedido que Moreno fuera condenado a 2 años y 4 meses de prisión, mientras que el abogado del exfuncionario, Alejandro Rúa, había reclamado su absolución tras remarcar que los dichos de su defendido no podían ser considerados amenazas y que no tuvieron ningún efecto.
Esta mañana, al hacer uso del tiempo que se le concede a los imputados en el marco de lo que se conoce como sus “últimas palabras” en el juicio, Moreno concluyó: “La exposición de mi abogado allanó el camino a una sabia decisión de ustedes. No tengo nada que agregar”.
Moreno fue juzgado por supuesta «perturbación al ejercicio de funciones públicas» y «amenazas» en el marco de la asamblea en la que el entonces Secretario de Comercio -que representaba a los accionistas del Estado Nacional- advirtió que las diferencias se zanjarían «por la razón o por la fuerza», según la acusación leída en el juicio.
