Alejandro Poli, Secretario General de F.A.R.E.M. y SURyA, presentó un documento a la intendenta Mayra Mendoza alertando sobre la «violación flagrante» de las ordenanzas locales por parte de plataformas como Uber, Cabify y Didi.
En un nuevo capítulo de la histórica puja entre el transporte formal y las aplicaciones tecnológicas, la Federación Argentina de Remisses (F.A.R.E.M.), junto con el Sindicato Único de Trabajadores de Remisses (SURyA), formalizó una denuncia ante el Municipio de Quilmes por el funcionamiento de servicios de transporte ilegales.
La presentación, que lleva la firma de Alejandro Claudio Poli, Secretario General de ambas organizaciones gremiales, fue ingresada este 31 de marzo de 2026 por la Mesa de Entradas de la comuna (Legajo 38328). El documento está dirigido directamente a la Intendenta Municipal de Quilmes, Sra. Mayra Mendoza, y a la Sra. Eva Mieri.
En la nota, que lleva el sello de entrada de la Municipalidad, Poli expone la preocupación del sector por la proliferación de remises ilegales que operan a través de aplicaciones como «UBER», CABIFY y DIDI. El dirigente gremial califica la situación como un «transporte ilegal» que contraviene las normativas municipales vigentes.
Según se desprende de la presentación, F.A.R.E.M. basa su denuncia en información pública disponible en redes sociales y en la «diaria constatación de la realidad cotidiana del trabajo». La organización sindical estima que solo la empresa UBER posee más de 35.000 «socios conductores» que operan en la aplicación y llega a más de 2 millones de usuarios registrados para viajar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El sindicato argumenta que esta situación constituye una «realidad solapada» frente a la cual el municipio, como autoridad reguladora de la actividad del remisse, «no puede permanecer espectadora». Además, denuncian la existencia de «cientos de remises que circulan ilegalmente» y que, según su visión, incurren en una «violación flagrante de las ordenanzas municipales».
Esta presentación judicial y administrativa busca, en última instancia, exigir que el Municipio de Quilmes intensifique los controles sobre el transporte de pasajeros no autorizado, protegiendo así el trabajo de los remiseros formalmente registrados.
