El Congreso Nacional fue escenario de una fuerte polémica el 27 de noviembre de 2025, cuando la diputada Marilú Quiróz (PRO por Chaco) organizó en el Anexo de Diputados un plenario titulado “¿Qué contienen realmente las vacunas Covid-19?”
La actividad, que fue autorizada por el presidente de la Cámara, Martín Menem, reunió a referentes antivacunas que expusieron teorías sin ningún respaldo científico. El momento que generó mayor sorpresa y rechazo fue cuando uno de los participantes intentó «demostrar» supuestos efectos adversos de las vacunas pegándose imanes al cuerpo.
La respuesta institucional: un contrapunto científico
La iniciativa fue repudiada de forma inmediata por legisladores de la oposición, el Ministerio de Salud y la comunidad de especialistas en inmunización, quienes advirtieron sobre la gravedad de difundir desinformación desde un ámbito institucional.
#SOCIEDAD Plenario antivacunas generó críticas y un contra acto en defensa de la inmunización https://t.co/gZyjsxdPEn pic.twitter.com/MhysXlAgZB
— DataConurbano / NET (@DataConurbano) November 28, 2025
En un claro contrapunto, en otra sala del Congreso se desarrolló un plenario paralelo titulado “Políticas públicas basadas en evidencia para proteger la salud: el valor de las vacunas frente a la desinformación”. El evento fue encabezado por los diputados Pablo Yedlin y Daniel Gollán, junto a expertos en salud pública, donde se destacó el rol de las vacunas como herramienta fundamental para la prevención de enfermedades y se alertó sobre los riesgos de los discursos negacionistas.
Este episodio expuso la tensión entre la difusión de discursos antivacunas y la defensa institucional de la inmunización como una política pública de salud, con amplia repercusión en medios y redes sociales.
«Pseudociencias»
Lo ocurrido en el Anexo de Diputados no es un hecho aislado, sino una señal preocupante del avance de la pseudociencia en esferas de poder. Que el Congreso Nacional, el corazón de la democracia y la legislación, ceda espacio para la difusión de teorías sin base científica –como la supuesta magnetización por vacunas– representa un peligroso precedente. La responsabilidad institucional exige que el debate sobre salud pública se base exclusivamente en la evidencia científica, protegiendo a la ciudadanía de la desinformación que pone en riesgo la eficacia de las campañas de inmunización y, en última instancia, la salud colectiva.
