Colegios y Consejos de Profesionales de todo el país encendieron las alarmas ante el proyecto del Gobierno que busca eliminar la obligatoriedad de la matrícula. Advierten que la medida centralizará el control en el Estado, generando un vacío en la fiscalización del ejercicio profesional, especialmente en el interior del país.
El proyecto de desregulación de las profesiones, impulsado por el Poder Ejecutivo y que propone reemplazar la colegiación obligatoria por un simple registro nacional (como el RUFU o RUFRI), encontró un fuerte rechazo en las entidades que nuclean a miles de matriculados.
Desde el sector, la preocupación es doble: por un lado, se cuestiona el desconocimiento de la realidad federal y, por otro, la debilitación de los mecanismos de control que protegen a la sociedad.
El Riesgo de la Descentralización sin control
Lorenzo Gómez, presidente del Colegio de Profesionales de Higiene y Seguridad (CPHS) y de la Confederación de Profesionales de Seguridad e Higiene (COFESH), fue categórico al señalar que la medida es un «retroceso institucional».
«Vuelven los mismos impresentables con fórmulas que parecen ser un alivio para la sociedad y terminan perjudicando el ejercicio profesional», afirmó Gómez, poniendo en duda la capacidad real del Estado para asumir la fiscalización que hoy cumplen los Colegios.
El punto central del conflicto es el poder de policía. Los profesionales argumentan que las entidades colegiales son delegaciones del Estado para garantizar que las normas de seguridad, salud y ética se cumplan en el ámbito laboral y social.
«¿Quién va a cumplir la función del poder de policía en esos lugares donde el Estado delega en los propios profesionales el rol de contralor?», se preguntó el dirigente.
El factor federal: de CABA al interior
Gómez explicó que la propuesta es inviable fuera de las grandes urbes. Si bien un registro único podría funcionar en CABA, el modelo «rompería los esquemas federales» y dejaría desprotegidas a las comunidades del interior.
«¿Qué pasa en localidades del interior a las que el Estado no llega?», inquirió, señalando que los colegios son la «primera línea de defensa» frente a:
- Competencia desleal.
- Ejercicio ilegal de la profesión.
- Oferta académica engañosa.
Insistió en que los colegios no son «negocios» o «corporaciones cerradas», sino entidades de derecho público que garantizan la capacitación continua, la ética y la protección social en profesiones sensibles donde está en juego la salud, la seguridad y la vida de las personas.
Matrícula obligatoria: ¿Garantía o privilegio?
Desde el CPHS destacaron que la colegiación obligatoria no debe verse como un privilegio, sino como una garantía de responsabilidad y formación exigida por ley a quienes intervienen en actividades críticas.
Si bien Gómez admitió que debe haber un debate interno sobre los costos de las matrículas y la representación, subrayó que esa discusión debe darse entre los profesionales, sin una imposición desde el poder político central.
La postura unificada de los Colegios Profesionales anticipa una defensa firme de la colegiación pública, al considerar que la desregulación, lejos de fortalecer la libertad profesional, «debilita los mecanismos que garantizan la responsabilidad y la seguridad social» en todo el territorio nacional.
