El Gobierno sanciona a empresas de colectivos por reducir frecuencias pese al pago de subsidios

La Secretaría de Transporte, a través de la CNRT, inició el labrado de actas e infracciones tras detectar una baja notoria en la cantidad de unidades en calle. Las multas podrían llegar a los 15.000 boletos mínimos y, en casos graves, se evaluará la caducidad de las licencias.

En una jornada marcada por la incertidumbre de los usuarios de transporte público, la Secretaría de Transporte de la Nación denunció hace instantes un incumplimiento por parte de las empresas de colectivos urbanos. Según el organismo, se detectó una reducción injustificada en la circulación de unidades en comparación con el día anterior.

La medida de las cámaras empresariales genera especial malestar en el Gobierno, ya que se produce inmediatamente después de que el Estado Nacional cancelara la totalidad de los subsidios correspondientes al cuarto día hábil de abril.

El foco en las sanciones

Desde la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) confirmaron que ya se encuentran fiscalizando los servicios y aplicando sanciones severas. El marco legal que rige estas multas es el Decreto 1395/1998, el cual establece:

  • Multas económicas: Por violar el régimen de frecuencias (diurnas o nocturnas), las empresas enfrentan cargos que van desde los 500 hasta los 15.000 boletos mínimos.

  • Riesgo de concesión: Si la interrupción del servicio se extiende por 5 días consecutivos o 10 alternados en un año, se considera legalmente como «abandono del servicio».

  • Caducidad: La reiteración de estos incumplimientos faculta al Estado a disponer la caducidad del permiso de explotación, quitándole la línea a la empresa infractora.

«Pese al compromiso asumido por las empresas de sostener y mejorar la frecuencia, la baja en la cantidad de unidades es notoria», señalaron desde la Secretaría, reafirmando que no se tolerarán maniobras que afecten la movilidad de los ciudadanos.

Un conflicto que escala

Este nuevo foco de tensión pone bajo la lupa la relación entre el Estado y los transportistas. Mientras el Gobierno asegura haber cumplido con sus obligaciones financieras, las actas de infracción buscan forzar la normalización inmediata del servicio en el Área Metropolitana y zonas de influencia.

Por el momento, los usuarios deberán prever posibles demoras, mientras la CNRT continúa con los operativos de control en puntos estratégicos para garantizar que el servicio de transporte urbano cumpla con los niveles de prestación exigidos por ley.

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