En un dictamen que podría marcar el rumbo definitivo de una disputa gremial y legislativa que lleva años, la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense rechazó el pedido de inconstitucionalidad presentado por el Consejo Profesional de la Química (CPQ) contra la Ley 15.105, norma que dio origen al Colegio de Profesionales de la Higiene y Seguridad en el Trabajo de la Provincia de Buenos Aires (CPHS).
El pronunciamiento del Procurador General no dejó lugar a dudas: no hay fundamentos jurídicos que avalen el reclamo del CPQ. En un análisis detallado, el dictamen concluyó que tanto el procedimiento parlamentario como el contenido de la ley “resultan plenamente ajustados a derecho”, y que “no se advierte agravio constitucional alguno que justifique la intervención del Alto Tribunal”.
El reclamo del CPQ y la respuesta institucional
El CPQ había denunciado supuestas irregularidades en el trámite legislativo y una afectación a su derecho de propiedad, alegando que la creación del CPHS implicaba una “expropiación” de matrículas. Pero el Procurador fue tajante: los matriculados no son —ni podrían ser— objeto de derecho propietario alguno, y la transferencia dispuesta por la ley “no implica apropiación de bienes ni afecta derechos adquiridos”.
Además, el dictamen recordó que el CPQ nunca tuvo competencia normativa sobre la disciplina de Higiene y Seguridad, y que la inscripción de técnicos en ese Consejo fue una “situación fáctica sin amparo legal”. Desde 1986, con la sanción de la Ley 10.411, los técnicos debían matricularse en el Colegio de Técnicos.
Una ley con espíritu público
El dictamen también desactivó el argumento constitucional del CPQ, que sostenía que la sanción de la Ley 15.105 había vulnerado los artículos 106 y 107 de la Constitución provincial. La Procuración aclaró que el proyecto original de 2016 había perdido estado parlamentario, y que el texto aprobado en 2018 bajo el expediente D-4629/18-19 fue un nuevo proyecto, sancionado en tiempo y forma por ambas Cámaras.
“La regulación y organización de las profesiones liberales es una competencia propia de la Legislatura bonaerense”, sostuvo el Procurador, y concluyó que el planteo de inconstitucionalidad “carece de sustento fáctico y jurídico”.
Identidad profesional y salud laboral
Más allá del plano jurídico, el dictamen ponderó el rol social y técnico del CPHS, al señalar que su creación “responde a la necesidad de dotar de identidad, representación y control ético a un campo profesional con creciente incidencia en la salud laboral y la seguridad industrial”.
Desde el Colegio que preside Lorenzo Gómez celebraron el dictamen como “un paso más en la consolidación de la institucionalidad profesional en la provincia”, y remarcaron que la Ley 15.105 “otorga autonomía y reconocimiento a una disciplina esencial para el bienestar de los trabajadores y la prevención de riesgos”.
Lo que viene
La decisión final quedará en manos de la Suprema Corte bonaerense, pero el dictamen del Procurador marca un antecedente claro: la Ley 15.105 es constitucional y su espíritu responde al interés público, no a un interés corporativo.
En los tribunales, el CPHS viene siendo una verdadera aplanadora: ha ganado todos los litigios iniciados por otras entidades con planteos similares. Si la tendencia se mantiene, el fallo definitivo podría sellar el cierre de una etapa y consolidar la legitimidad de una colegiatura que llegó para quedarse.