El Ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, elevó una presentación formal ante el Ministerio de Economía de la Nación denunciando graves irregularidades en el proceso de concesión de 1.800 km de rutas nacionales. El conflicto escala mientras la empresa estatal AUBASA pelea por quedarse con el manejo de las autopistas Riccheri, Ezeiza-Cañuelas y corredores clave como las rutas 3, 205 y 226.
Por indicación del gobernador Axel Kicillof, la Provincia solicitó la intervención urgente de la Defensoría del Pueblo (tanto de Nación como de Provincia) para que actúen como veedores. Según Katopodis, el proceso administrativo —bajo la órbita del gobierno de Javier Milei— carece de transparencia y muestra una «arbitrariedad manifiesta».
«Cambiaron una contratación cuando ya estaba iniciada. Una semana antes de la presentación, modificaron 33 de los 34 artículos del pliego», disparó el Ministro.
Las irregularidades detectadas
Desde el Gobierno Provincial señalan tres ejes que vician la licitación:
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Cambios sobre la marcha: A pocos días de la apertura de ofertas, Nación emitió circulares con nuevas exigencias técnicas y contables que no estaban en el pliego original, dejando apenas 12 días hábiles a las empresas para adecuarse.
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Trato desigual: AUBASA asegura haber cumplido con todos los requisitos, pero la Comisión Evaluadora les exige aclaraciones sobre su experiencia en obras, algo que la empresa califica como «sin fundamento» dado sus 15 años de trayectoria.
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Ataque a la empresa pública: La gestión bonaerense sostiene que AUBASA presentó mejores balances y perfiles profesionales que al menos 6 de los otros 9 oferentes privados.
¿Qué rutas están en juego?
La licitación corresponde a la Red Federal de Concesiones – Etapa II. AUBASA se postuló para el «Renglón 1» (Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur), que es vital para la conectividad del Conurbano y el puerto:
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Autopista Riccheri
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Autopista Ezeiza-Cañuelas
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Rutas Nacionales 3, 205 y 226 (un total de 1.325 km).
«Tarifas accesibles vs. Negocio privado»
Desde La Plata defienden el modelo de gestión estatal argumentando que AUBASA reinvierte lo recaudado en obras y mantiene tarifas competitivas para no castigar el bolsillo del usuario ni al sector productivo.
«Nuestro único objetivo es mantener las rutas en las mejores condiciones con una tarifa adecuada. Vamos a hacer un seguimiento estricto para garantizar la correcta adjudicación», concluyó Katopodis, dejando claro que la Provincia no aceptará ser desplazada del proceso sin dar pelea judicial y administrativa.
