En un encuentro clave celebrado en la UNSAM, rectores de todo el país y legisladores nacionales advirtieron sobre la «situación crítica» del sistema educativo y reclamaron la ejecución de los fondos ratificados por el Congreso.
Rectores y rectoras de las Universidades Nacionales de Argentina volvieron a alzar la voz frente a lo que consideran una parálisis presupuestaria por parte del Gobierno Nacional. El epicentro del reclamo fue la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), donde las autoridades académicas se reunieron para coordinar acciones ante el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Dicha legislación, que fue sancionada y posteriormente ratificada por una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso, representa el principal escudo legal de las instituciones para garantizar su operatividad durante el ciclo lectivo.
Tres pilares en riesgo: salarios, becas y funcionamiento
Durante la jornada, los representantes universitarios detallaron los puntos más urgentes que el Poder Ejecutivo ha dejado de atender:
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Recomposición salarial: La exigencia de una convocatoria «urgente e imprescindible» a paritarias para el personal docente y nodocente.
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Gastos de funcionamiento: El flujo de fondos necesario para mantener abiertas las facultades, laboratorios y centros de investigación.
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Ayuda estudiantil: La actualización de los montos de las becas Progresar y Manuel Belgrano, vitales para la permanencia de los alumnos en el sistema.
«La ley tiene que cumplirse y ejecutarse porque son los fondos que requiere el sistema universitario argentino para garantizar su funcionamiento», enfatizó Germán Martínez, presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, quien participó activamente del encuentro.
Un escenario de tensión institucional
El respaldo legislativo no es menor. Al haber sido ratificada por una mayoría especial en el Congreso, la Ley de Financiamiento goza de una legitimidad que los rectores exigen ver traducida en partidas presupuestarias reales. Según los referentes de las distintas Casas de Estudio, la dilación en el envío de fondos pone en jaque no solo la calidad académica, sino la infraestructura básica y la investigación científica en todo el territorio nacional.
La comunidad educativa permanece en estado de alerta, a la espera de una respuesta formal por parte del Ministerio de Capital Humano o la Secretaría de Educación que destrabe el conflicto salarial y garantice los recursos para el resto del año.
