Lo que comenzó como el debate de una ordenanza municipal terminó en una jornada de violencia, detenciones y un durísimo cruce político entre dos figuras centrales del peronismo bonaerense: la intendenta Mayra Mendoza y el dirigente social Juan Grabois.
El foco del conflicto es un proyecto de ley local que busca regular la actividad de los cuidacoches (conocidos como “trapitos”) en un polígono específico del centro de la ciudad. La iniciativa propone un control estatal estricto sobre quiénes pueden ejercer la tarea, lo que generó el rechazo inmediato de organizaciones sociales vinculadas a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), quienes denuncian que la medida busca excluir a los sectores más vulnerables bajo una «lógica punitivista».
Incidentes y detenciones
La tensión escaló durante una protesta frente al Palacio Municipal, donde se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. La jornada dejó un saldo de varios activistas detenidos y denuncias por parte de los movimientos sociales sobre el uso desproporcionado de la fuerza.
El cruce Mendoza – Grabois
Juan Grabois no tardó en reaccionar, calificando el accionar del municipio como «represivo y cruel». A través de sus redes, el dirigente de Patria Grande exigió la liberación inmediata de los detenidos y lanzó una advertencia directa a la intendenta: «La posición en una estructura no le da patente de corso a nadie para abusar del poder».
Por su parte, desde el entorno de Mayra Mendoza defendieron la autonomía municipal y la necesidad de «ordenar el espacio público» para los vecinos de Quilmes, marcando una distancia ideológica que hoy parece insalvable dentro de la coalición.
El peronismo, entre el orden y la exclusión
El choque en Quilmes no es simplemente una disputa por una ordenanza de tránsito o seguridad; es el síntoma de una fractura identitaria profunda en el peronismo.
Mientras Mayra Mendoza, alineada con la estructura de La Cámpora, apuesta por una gestión que prioriza el «orden estatal» y el control del territorio —acercándose a demandas de sectores medios que reclaman seguridad—, Juan Grabois defiende la «economía popular» como el último refugio de los excluidos.
El problema es que cuando esa diferencia de visión se resuelve con gases y detenciones en un gobierno del mismo signo político, el mensaje hacia la base electoral es devastador. La política de Quilmes hoy parece haber olvidado que, en tiempos de crisis extrema, la represión es el peor camino para gestionar la miseria. Si la «unidad» solo sirve para la foto y no para consensuar cómo tratar a los que menos tienen, lo que queda es una cáscara vacía que solo gestiona conflictos, pero no soluciones.
