El concejal libertario echeverriano Marcelo Mazzeo presentó un amparo para prohibir el uso de celulares en las cárceles bonaerenses

El concejal de La Libertad Avanza en Esteban Echeverría radicó la demanda ante la Justicia de La Plata. Solicita suspender el régimen excepcional de la pandemia y reemplazarlo por telefonía fija controlada tras la proliferación de delitos organizados desde los penales.

El abogado y concejal de Esteban Echeverría por La Libertad Avanza, Marcelo Mazzeo, promovió una acción de amparo colectivo ante el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de La Plata contra la Provincia de Buenos Aires y el Servicio Penitenciario Bonaerense. La presentación busca que se declare la inconstitucionalidad de la permanencia del uso de teléfonos celulares por parte de los internos en las unidades penitenciarias provinciales.

El fin de la excepcionalidad

El eje del reclamo se centra en que el permiso para utilizar dispositivos móviles fue una medida transitoria y excepcional dictada por el Tribunal de Casación en 2020, debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19 y la suspensión de visitas presenciales.
Mazzeo sostiene que, tras el cese de la pandemia y el restablecimiento de las visitas, mantener este régimen sin una nueva fundamentación constituye una «omisión antijurídica». Según el documento, la medida perdió su causa original y hoy vulnera el derecho colectivo a la seguridad pública.

Delitos intramuros: La «Pyme del delito»

La demanda destaca que la falta de control ha convertido a las cárceles en «plataformas de proyección delictiva». Entre los fundamentos, se mencionan hechos recientes:
  • Extorsiones digitales: El desbaratamiento en febrero de 2026 de la banda conocida como la «Pyme del delito», que operaba desde la Unidad N° 36 de Magdalena realizando secuestros virtuales y estafas a través de aplicaciones de citas.

  • Trata y abuso: Investigaciones en Florencio Varela donde se detectó tráfico de material de abuso sexual infantil coordinado mediante celulares activos en el penal.

  • Cifras alarmantes: Se estima que cerca del 73% de la población carcelaria bonaerense —más de 42.800 dispositivos— posee acceso a telefonía móvil.

El pedido: Telefonía fija y bloqueadores

Mazzeo solicita como medida cautelar urgente la suspensión inmediata del uso de celulares y su reemplazo por un sistema de telefonía fija institucional controlada. Este sistema alternativo incluiría:

  • Identificación inequívoca del interno emisor.

  • Advertencia expresa al receptor sobre el origen penitenciario de la llamada.

  • Grabación integral de las comunicaciones (exceptuando las defensas técnicas) y trazabilidad digital permanente.

«El Estado no puede permitir que el ámbito carcelario se transforme en fuente de riesgo para terceros», señala la presentación, enfatizando que la seguridad pública es un bien indivisible que el Gobierno provincial debe garantizar de manera reforzada.

En Data Conurbano nos interesa tu opinión

Deje su comentario aquí
Ingrese su nombre