El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció esta tarde que el operativo de desalojo realizado esta mañana en Retiro incurrió en un uso desproporcionado de la fuerza y puso en riesgo la integridad física de las personas que se encontraban en el asentamiento «La fuerza de las mujeres» del Barrio Carlos Mugica por lo que solicitó a la fiscalía que había ordenado la medida -la Fiscalía 11 de CABA- que «determine las responsabilidades penales correspondientes».
El CELS remarcó que el desalojo realizado esta mañana en la esquina de La Pampa y Ciervo de Los Andes, en la ex villa 31, en el que participaron efectivos de la Policía de la Ciudad, funcionarios y empleados del gobierno porteño pertenecientes al programa Buenos Aires Presente (BAP), incumplió «distintas normas que regulan la realización» de estos procedimientos, en particular un Protocolo de Actuación establecido por el Ministerio Público Fiscal de CABA en el año 2008.
La denuncia, que firman la directora ejecutiva del CELS, Paula Litvachky, y el director de litigio del organismo, Diego Morales, fue presentada pasadas las 15 en la misma fiscalía que había ordenado el desalojo, la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 11 de CABA, a cargo de María Valeria Massamaglia.
La entidad acompañó elementos de prueba, solicitó medidas para profundizar la investigación y también informó que un grupo de integrantes del CELS estuvo presente en el predio de la ex «La Containera» durante el operativo de desalojo, y que por esa condición de testigos de la acción policial el equipo pudo comprobar que «la forma en que se realizó el operativo puso en riesgo la integridad física» de los participantes de la toma, en particular de «mujeres, niños, niñas y adolescentes», describieron.
«El operativo no tuvo ningún cuidado con relación a la existencia de elementos de extrema precaución como las garrafas que son utilizadas para la preparación de alimentos y aseo de las familias», consignaron desde el organismo, y además puntualizaron que los efectivos de la Policía de la Ciudad «no brindaron tiempo y oportunidad para retirar pertenencias de primera necesidad», ya que «se dio prioridad a la sorpresa y a un operativo rápido en lugar de garantizar mínimos cuidados sobre un conjunto de personas que se encontraban en una situación de extrema vulnerabilidad».
Aparte de la denuncia presentada ante el Ministerio Público, el CELS cuestionó al gobierno porteño por los hechos ocurridos esta mañana en Retiro a través de un comunicado difundido desde su portal web, donde reprochó que «el proceso de urbanización» de la Villa 31 «no ha mejorado la situación habitacional» porque «quienes se mudaron a los complejos nuevos denuncian la pésima calidad constructiva de las viviendas», que tienen «filtraciones, fisuras en paredes y falta de agua caliente», mientras las autoridades porteñas «avanzan con medidas tendientes a otorgar títulos de propiedad sin considerar la situación material de las viviendas».
Además, el organismo recordó que uno de los argumentos de la administración de Horacio Rodríguez Larreta para oponerse al mantenimiento de la toma en la ex Villa 31 fue un anuncio del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de CABA de que en esos terrenos tienen pensado construir una escuela, aunque hasta ahora «no mostraron ningún plan de obra» que muestre algún avance sobre ese proyecto, ni tampoco se lo incluyó «en el presupuesto 2021», subrayaron desde el CELS.
