La Superintendencia de Servicios de Salud avanzó con una medida para dar de baja la Obra Social del Personal Municipal de Avellaneda (OSPMA), una decisión que generó un fuerte rechazo por parte de sus autoridades, afiliados y del Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda (STMA). La entidad es encabezada por Hernán Doval, también líder de la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina (CTM), y principal referente de la obra social en cuestión.
Desde el gremio denuncian que la medida responde a una lógica de ajuste estructural sobre las obras sociales más pequeñas, a las que el Gobierno nacional considera inviables por debajo de los 10.000 afiliados. En el caso de OSPMA, atiende actualmente a 4.891 beneficiarios y aseguran que cumple en tiempo y forma con todas las prestaciones del Programa Médico Obligatorio (PMO) (ver nota Dan de baja la obra social de los municipales de Avellaneda por «incumplimientos financieros»).
Según informaron en un comunicado, la obra social se encuentra con sueldos, prestaciones y proveedores al día, y destaca que no ha recibido subsidios extraordinarios ni observaciones previas por parte del organismo estatal. Sin embargo, se le habría notificado una baja por considerarla insolvente, basándose en “una nota no contestada”.
La dirigencia gremial sostiene que la resolución resulta “intempestiva y arbitraria” y que podría afectar seriamente la cobertura de pacientes en tratamiento, incluyendo casos oncológicos, hemofílicos, HIV y patologías de alta complejidad. También remarcan que la obra social está administrada directamente por los trabajadores, sin tercerizaciones ni empresas con poder de lobby.
«La nuestra es una obra social de los trabajadores, manejada por los trabajadores y que le da servicio a los trabajadores«, remarcaron. Frente a este escenario, desde el STMA anunciaron que se presentarán ante la Justicia para frenar la medida y se realizarán asambleas en todos los lugares de trabajo.
La situación se inscribe en un contexto más amplio de tensiones entre el Gobierno nacional y el sistema de obras sociales, especialmente aquellas que no cuentan con respaldo financiero ni político de grandes estructuras empresariales o sindicales.
