El gremio estatal exigió al Gobierno Nacional que garantice la operatividad de la única planta que produce neumáticos radiales para colectivos y camiones en el país. Denuncian que la falta de insumos y de controles técnicos pone en riesgo la seguridad en todas las rutas argentinas.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) lanzó una dura advertencia sobre el presente del transporte de pasajeros y cargas en Argentina. A un mes de iniciado el conflicto por el posible cierre de la planta de neumáticos FATE, el sindicato aseguró que la parálisis de la empresa, sumada al intento de desmantelar los organismos de control, configura un «combo letal» para la seguridad vial.
El riesgo de la importación sin control
FATE es, desde 2020, la única empresa nacional que fabrica cubiertas radiales para vehículos de gran porte. Según denunció ATE, la desaparición de este insumo obligaría al transporte argentino a depender exclusivamente de productos importados que, en muchos casos, «carecen de los controles técnicos, de calidad y de seguridad» necesarios para la geografía y el clima del país.
Para el gremio, este escenario se agrava por el deterioro de la infraestructura vial debido a la falta de obra pública, lo que aumenta la exigencia sobre los neumáticos y, por ende, la posibilidad de siniestros graves.
Denuncia por el «desguace» de la CNRT
El conflicto no se limita a la producción de neumáticos. ATE denunció formalmente la intención del Ejecutivo Nacional de traspasar las funciones de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) a la Gendarmería Nacional.
Desde el sindicato calificaron esta medida como un «riesgo enorme», argumentando que las fuerzas de seguridad no cuentan con la dotación, los equipos ni los conocimientos técnicos para realizar las fiscalizaciones que hoy ejecutan los más de mil especialistas de la CNRT en sus 45 sedes.
«Gendarmería realizaría controles únicamente en rutas y autopistas, dejando de lado las terminales donde se realizan los test de alcoholemia, glucemia y la revisión técnica de luces y frenos antes de que comience el viaje», señalaron fuentes gremiales, alertando sobre la pérdida de la capacidad preventiva.
Impacto social e industrial
Más allá de la seguridad vial, ATE subrayó el impacto laboral que significaría el cierre de la fábrica, dejando a 920 familias en la calle. Atribuyeron la crisis a la política de «apertura indiscriminada de importaciones» del gobierno de Javier Milei, calificándola como un ataque directo a la industria nacional para favorecer intereses comerciales particulares mediante «maniobras ilegales».
«La sociedad es quien, en definitiva, paga los platos rotos de una política que desprotege tanto al trabajador como al usuario del transporte», concluye el comunicado.
