
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, presentó un recurso de amparo en colaboración con CONADUP (Comisión Nacional de Usuarios Viales) ante la Justicia Federal por el procedimiento de Privatización y consecuente llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional.
Al respecto, Fernando Gray expresó: “El acto administrativo impugnado por el Gobierno nacional implica una fragrante violación de derechos y garantías constitucionales, con efectos permanentes e irreparables que permitirán el cobro indebido de tarifas, ocasionando un grave daño que no podrá tener reparación ulterior.”. Y agregó: “presentamos este amparo para evitar que las y los bonaerenses se vean obligados a afrontar un costo excesivo en la provisión de peajes, que traerá aparejado un impacto directo en la economía de los usuarios que utilizan dicho corredor de forma diaria para el cumplimiento de sus obligaciones, entre ellas trabajar, estudiar, producir, transitar libremente.”.
La resolución 1843/2025 da inicio al procedimiento de Privatización y consecuente llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple. El Estado nacional la funda mediante la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” N° 27.742, que establece lineamientos para reorganizar la administración y mejorar la gestión pública. Sin embargo, dicha norma no habilita a avanzar en privatizaciones no autorizadas, generando mayores erogaciones a usuarios y consumidores, como en el caso del Municipio de Esteban Echeverría. El peaje es un servicio público esencial cuya gestión, aun delegada en privados, debe mantenerse regular y continua. Además, las privatizaciones sin un ente regulatorio independiente pueden generar servicios deficientes, monopolios abusivos e incumplimiento de inversiones, priorizando la rentabilidad por sobre el interés público.
































Excelente la iniciativa del intendente Gray de presentar un recurso de amparo. Demuestra un verdadero compromiso con la defensa de los intereses de los vecinos y del municipio frente a decisiones que podrían afectar el bolsillo y la calidad de vida de todos. Actuar en colaboración con CONADUP refuerza la legitimidad de su reclamo.
El recurso de amparo es una herramienta fundamental para exigir transparencia y revisar la legalidad del procedimiento de privatización y licitación. Es el deber de un intendente cuestionar las medidas que no son claras. Gray está cumpliendo con su rol de control y protección ante una medida tan sensible a nivel nacional e internacional.
Apoyamos totalmente a Fernando Gray en esta acción. Este tipo de procesos de privatización suelen terminar impactando en el aumento de tarifas para los usuarios viales. Su intervención, junto a la Comisión de Usuarios Viales, es crucial para frenar cualquier intento de perjuicio económico para los habitantes de Esteban Echeverría.
La decisión de Gray de recurrir a la Justicia Federal en un tema de esta envergadura marca un liderazgo decidido y con visión federal. No solo defiende a su municipio, sino que sienta un precedente importante para otros distritos afectados. Es un acto valiente y necesario en defensa de un procedimiento justo y equitativo para todos.
tienen que dejar de privatizar el país y empezar a preocuparse por levantar al país y ayudar a los trabajadores