Lo solicitaron al TOF 1 Ana Oberlin y Juan Martín Nogueira, auxiliares de la Unidad Fiscal Federal, por los crímenes cometidos en los centros clandestinos Pozo de Banfield y El Infierno.
La fiscalía del juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata contra 14 represores acusados de delitos contra más más de 400 personas cautivas en tres excentros clandestinos de detención pidió se incorpore el juzgamiento de los hechos cometidos contra otras más de 200 víctimas, siete de las cuales eran trans y travestis y fueron perseguidas por su condición.
Así lo solicitaron al TOF 1 Ana Oberlin y Juan Martín Nogueira, auxiliares de la Unidad Fiscal Federal que interviene en los juicios por crímenes del terrorismo de Estado tras conocerse que el titular del Juzgado Federal N°3 de La Plata, Ernesto Kreplak, elevó a juicio oral y público nuevos tramos de las investigaciones sobre crímenes cometidos en los centros clandestinos Pozo de Banfield y El Infierno, que funcionaron en las brigadas de investigaciones de Banfield y Lanús, respectivamente, durante la última dictadura cívico militar.
Días atrás, Kreplak elevó a juicio los delitos cometidos contra 93 víctimas en El Infierno y contra 109 en el Pozo de Banfield, 7 de los cuales se corresponden a víctimas trans y travestis.
El magistrado acusó por estos delitos a 12 de los imputados de este juicio en curso, como el exministro de Gobierno bonaerense Jaime Lamont Smart; el exjefe de la División de Investigaciones Zona Metropolitana, Juan Miguel Wolk; el exteniente coronel jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada N°3 La Tablada, Federico Minicucci y el expolicía Horacio Luis Castillo.
También imputó a los integrantes del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército: el exjefe de Actividades Psicológicas, Guillermo Alberto Domínguez Matheu; el exjefe de Contrainteligencia y del Grupo de Actividades Especiales, Roberto Armando Balmaceda; el exjefe de la Sección de Operaciones Especiales, Jorge Héctor Di Pasquale; el exjefe de la Sección Reunión Interior, Carlos María Romero Pavón; y los excapitanes Julio Alberto Candioti y Carlos Gustavo Fontana.
En tanto, sólo por la causa del Pozo de Banfield fueron requeridos a juicio el exmédico policial Jorge Antonio Bergés y el excomisario y 2do Jefe de la División Delitos contra la Propiedad de la brigada de ese distrito, Enrique Augusto Barre.
Los ayudantes fiscales Ana Oberlin y Juan Martín Nogueira solicitaron al TOF 1 «la acumulación a estas actuaciones por los hechos ocurridos en los centros clandestinos de detención tortura y exterminio (CCDTyE) conocidos como «Pozo de Banfield» y «el Infierno».
«La gran mayoría de los hechos y la prueba, por los que se dispuso la elevación a juicio, ya son objeto del debate oral y público que se viene realizando en el marco de esta causa. Como así también los imputados, a excepción de Luis Horacio Castillo, están siendo juzgados en este juicio por los hechos ocurridos en los mismos CCDTYE. Por consiguiente, dada la conexidad objetiva y subjetiva señalada, y encontrándose el juicio en plena etapa de producción de prueba, consideramos que el trámite conjunto de las causas es lo que mejor se adapta a los derechos e intereses de todas las partes en el proceso», precisaron.
Destacaron que esa acumulación tiene también por finalidad garantizar los derechos de las víctimas, ya que «se evitaría que quienes declararon en el juicio vuelvan a ser citados a un próximo debate por los mismos hechos y los mismos centros clandestinos y con relación a los hechos que no son objeto de esta causa, la acumulación permitiría a las víctimas que esperan hace más de 40 años la realización del juicio, la posibilidad de que se juzguen los hechos por ellas padecidos en el corto plazo».
El TOF 1, que desde octubre de 2020 lleva adelante este juicio, deberá resolver este pedido en los próximos días.
Durante la audiencia de hoy se conoció que murió Carlos del Señor Hidalgo Garzón, exoficial de inteligencia del Ejército que ya tenía una condena por crímenes en el centro clandestino La Cacha, y llegó con arresto domiciliario a este juicio, con lo que son 14 los represores que siguen siendo juzgados por el TOF 1.
En esta audiencia declararon Josefa Sanjurjo y Miriam y Nancy Barre, esposa e hijas, respectivamente, del imputado Enrique Augusto Barre, quienes sostuvieron la inocencia del policía, afirmaron estar «orgullosas» de él y calificaron de «desgracia» lo que viven por esta acusación que pesa sobre él.
«Se dedicaba a robos, hurtos, delitos comunes, piratas del asfalto, secuestros de gente común», contó Miriam Barre, en alusión al área de la Policía en que se desempeñaba su padre, lo que generó ciertas sonrisas irónicas en algunas querellas.
Los juicios
El TOF 1, presidido por Ricardo Basilico, juzga por los delitos cometidos en el Pozo de Bánfield, el Pozo de Quilmes y El Infierno al ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; el exmédico policial Jorge Antonio Berges y a los imputados Federico Minicucci; Carlos Maria Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale.
También juzga a Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti
El juicio abarca los casos de 18 embarazadas que dieron a sus hijos a luz en cautiverio, algunos de los cuales siguen sin recuperar su identidad, o que estuvieron detenidas en esos centros clandestinos de detención dependientes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
