Diego Ogando Montesano, nieto recuperado número 118, reclamó hoy «cárcel efectiva para los genocidas» de la última dictadura militar, tras relatar las dramáticas circunstancias de su nacimiento en el centro clandestino Pozo de Banfield, donde su madre fue mantenida cautiva y obligada a parir «vendada y esposada».
«Hay un antes y un después del 2015 en mi vida. Conocer la verdad reconforta, pero hay mucho dolor, muerte, mis padres desaparecidos, una hermana que a consecuencia de esto no pudo seguir viviendo más, por eso digo que estos genocidas arruinaron cuatro generaciones», remarcó Ogando Montesano ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata.
El nieto recuperado dio su testimonio hoy ante los jueces Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico, quienes juzgan a más de una decena de represores por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes durante la última dictadura militar.
«Quiero pedirles (a los jueces) cárcel común y efectiva; nada de domiciliaria para esta gente, si es que se le puede llamar gente», expresó el hombre, quien dio detalles de cómo los genocidas «arruinaron» varias generaciones de su familia y mencionó el suicidio de su hermana Virginia, víctima de la depresión, en el 2011.
Contó que a él lo «compraron» y que sus padres de crianza -quienes no podían tener hijos- le dijeron la verdad, que había sido adoptado en forma ilegal, con el pago de dinero de por medio.
«En mi partida de nacimiento figura que nací el 17 de diciembre de 1976, pero siempre supe que no era esa la fecha de nacimiento. Nunca pensé en hacerme a prueba de ADN porque pensaba que si resultaba ser hijo de desaparecidos ellos (sus padres de crianza) podían tener problemas judiciales», explicó.
El hombre de 44 años, que vive en Estados Unidos desde el 2000, relató que al morir sus padres adoptivos, en el 2015, se acercó a la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, donde en cuanto vieron su partida de nacimiento se dieron cuenta que era apócrifa y en ella aparecía el nombre de una partera Juana Franisevich, cercana al médico policial Jorge Berges, que se dedicaba a la venta de bebés.
Diego Martín se hizo la toma de muestra en el consulado argentino en Miami y pasaron casi 6 meses hasta que un día recibió el llamado de Claudia Carlotto.
«¿Estás sentado?, porque voy a contarte la historia de tu vida», le dijo Claudia a Diego Martín, que desde el otro lado de la línea oyó por primera vez el nombre de sus padres: Jorge Ogando y Stella Maris Montesano, ambos secuestrados el 16 de octubre de 1976, cuando la mujer de 24 años tenía ocho meses de gestación y su hermana Virginia 3 años.
Carlotto le contó que había nacido en el Pozo de Banfield, que su hermana y su abuela lo buscaron siempre y le preguntaron si quería hablar con su abuela, Delia Cecilia Giovanola, una de las 12 fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo.
«Con ella tengo un vínculo excelente, nos hablamos a diario, todo el tiempo», contó Diego Martín, quien lamentó no haber conocido a su hermana Virginia, quien en el 2011 se arrojó del piso 20 de un edificio en Mar del Plata.
Afirmó que «es terrible no haberla conocido. Cuando ella empezó a buscar conocer detalles del cautiverio de nuestros padres, querer saber de las torturas, todo eso le hizo muy mal y entró en una depresión muy grande».
El hombre relató que por el testimonio de una mujer que estuvo cautiva en la celda junto a su madre pudo saber que nació «el 5 de diciembre de 1976» y que su mamá dio a luz «vendada y esposada, sobre una chapa en la cocina del Pozo de Banfield».
El TOF 1, integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico, juzga por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes al ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; al exdirector de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Etchecolatz; el exmédico policial Jorge Antonio Berges y a los imputados Federico Minicucci; Carlos Maria Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale.
También empezó a juzgar a Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garzón; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti.
Por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro conocido como «El Infierno» también están imputados Etchecolatz, Berges y Smart y el ex policía Miguel Angel Ferreyro.
