(Por Marina Jiménez Conde) Funcionarios del municipio de Avellaneda, demandados en agosto pasado por el represor Luis Horacio Castillo tras alertar a la comunidad del procesamiento del genocida por delitos de lesa humanidad, pedirán a la justicia la revocatoria de su prisión domiciliaria al considerar que con esa denuncia «intentó amedrentar a los testigos».
En marzo, el juez de Instrucción Federal Nº 3 de La Plata, Ernesto Kreplak, procesó a Castillo y le dictó prisión preventiva, al hallarlo responsable de secuestros, torturas, abuso sexual y apropiación de niños, por delitos cometidos en el pozo de Banfield y en la Brigada de Investigaciones de Lanús, que funcionó en el centro clandestino de detención «El Infierno», de Avellaneda, durante la última dictadura cívico-militar.
Tras ser apelado por su defensa, el procesamiento dictado por Kreplak fue confirmado esta semana por la Sala I de la Cámara Federal de La Plata.
El 3 de junio pasado, la presidenta del Consejo Escolar de Avellaneda, Claudia Colaso, y el secretario municipal de Derechos Humanos, Claudio Yacoy, encabezaron una conferencia de prensa en el ahora Espacio para la Memoria «El Infierno», donde alertaron a la comunidad sobre los delitos cometidos por Castillo, quien es dueño de un colegio privado en Wilde.
Luego de esa rueda de prensa, los funcionarios -junto al intendente de Avellaneda, Alejo Chornobroff-, fueron notificados el 28 de agosto último de una demanda por «daños y perjuicios» iniciada por Castillo en la ciudad de Buenos Aires, en la que solicitaba una compensación de 8 millones de pesos.
«¿Cuál es el efecto que tiene en los testigos que este represor acusado de delitos gravísimos realice una demanda contra el intendente de Avellaneda, la presidenta del Consejo Escolar y uno de sus funcionarios? Sin ninguna duda, generar temor en los testigos que tienen que volver a declarar en una causa», advirtió Yacoy en declaraciones a Télam.
Además, aclaró que Chornobroff, quien no participó de la conferencia en «El Infierno», recibió la misma notificación bajo la invocación de «la teoría de la responsabilidad del Estado».
«El abogado de Castillo dice que Alejo no hizo nada para frenarme a mí, que permitió que yo lo tilde de genocida y represor, y no evitó en su calidad de intendente, que yo hago eso», explicó.
El secretario, quien también es abogado querellante en causas de delitos de lesa humanidad, señaló que «uno de los tres requisitos que impone el Código Procesal para que se pueda revocar la prisión domiciliaria es el amedrentamiento de testigos» y consideró que, tras la demanda de Castillo, «el beneficio de la prisión domiciliaria está extinguido porque hay un amedrentamiento efectivo».
En consecuencia, Yacoy confió que «el Estado municipal de Avellaneda» va a realizar el pedido de revocatoria de la prisión domiciliaria del represor «el día lunes, más tardar el martes» de la semana próxima.
Además, plantearán también al juez Kreplak que el genocida incurrió en el delito de «estafa procesal», debido a que al iniciar la demanda en CABA, notificó poseer su domicilio en Avenida Libertador de esa ciudad, cuando en realidad goza de prisión domiciliaria en su vivienda de Wilde.
«Todos los hechos ocurrieron en Avellaneda, los requeridos somos de Avellaneda y él tiene un domicilio legal en la calle Polonia 29, de Wilde», justificó Yacoy.
El secretario explicó que por esa irregularidad los tres funcionarios «desconocimos la competencia» jurisdiccional durante la audiencia de mediación por la demanda de Castillo, realizada el 5 de septiembre pasado.
«Hasta el día de hoy no hay ninguna notificación más al respecto», confió el secretario que debe aguardar si Castillo avanza o no con su pedido en la Justicia.
Consultado por el sitio en el que el genocida decidió iniciar la presentación, Yacoy sospechó que «tal vez tiró una piedra para ver si le pegaba a algún juez macrista».
En tanto, al analizar la conferencia de prensa por la que fue demandado señaló que la convocatoria se realizó «con la finalidad de manifestar nuestra contrariedad por el beneficio de la prisión domiciliaria», y agregó que la situación «estaba generando una convulsión innecesaria entre los vecinos».
Y si bien explicó que Castillo «goza del principio de inocencia», manifestó que en este caso «no hay una presunción», debido a que, dijo, «hay víctimas que sobrevivieron que dicen ‘fue Horacio Luis Castillo'».
En la misma línea, consideró que existen «pruebas prácticamente irrefutables» y agregó: «Aparte ya hay testimonios anteriores, no es que van a declarar ahora, ya declararon en otras causas donde lo mencionan».
Los testimonios de Mercedes Alvariño Blanco y de Héctor Callejas constan en la causa 34.000.189 del año 2009, en la que se aduce que Castillo fue «reconocido por dos víctimas», que lo ubican en la Brigada de Lanús.
Además, Yacoy afirmó que en el marco del juicio a las «Brigadas de Banfield, Quilmes y Lanús», el 12 de septiembre pasado, el empresario Claudio Iaccarino declaró que «el jefe era Horacio Luis Castillo» donde ejercía el cargo de «Jefe de la División de Delitos Económicos», explicó.
En esa línea, Yacoy precisó que los empresarios y hermanos Iaccarino «estuvieron 2 años secuestrados y 9 meses los pasaron en ‘El Infierno’, y en ese contexto, «lo desapoderan de sus bienes» por un monto total de 10 millones de dólares.
«No es solamente un tema de tortura, que es un delito muy grave», sostuvo, y recordó que fue en el año 1979, cuando Castillo fundó el colegio «San Diego» de Wilde.
«Por lo menos es sospechoso… ¿Cómo hizo la escuela? Si era oficial principal en la policía», cuestionó.
A inicios del mes de junio, la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense (DGCyE), le impidió a Castillo seguir vinculado a la administración del establecimiento privado.
El secretario afirmó que días más tarde fue visitado en su oficina por «la comunidad educativa» de esa institución, que manifestaron su «contrariedad por lo que habíamos hecho».
«No hubo ninguna intencionalidad de afectar el funcionamiento de la escuela, nosotros queríamos poner en evidencia que este señor durante años impartió educación siendo represor y que encima era dudosa la forma en la que construyó la escuela», expresó Yacoy.
Por su parte, el miércoles pasado la Sala I de la Cámara Federal de La Plata confirmó el procesamiento de Castillo dictaminado por Kreplak, que había sido apelado por su defensa.
«Tuvo un revés por parte de la Cámara», señaló Yacoy y aseguró que con este nuevo pronunciamiento «queda claro que la Justicia tiene total y absolutamente individualizado a Horacio Luis Castillo como uno de los represores que actuó en el pozo de Banfield y en ‘el Infierno'».
