Una nieta apropiada, que nació cuando su madre estaba cautiva en el excentro clandestino de detención Pozo de Banfield y fue criada por una mujer policía, reclamó hoy «condenas severas» para los 16 represores que son juzgados por delitos de lesa humanidad, entre ellos el multicondenado Miguel Etchecolatz, por el daño infligido en su vida «que no cesa y nos va a acompañar siempre».
Se trata de María José Lavalle Lemos, hija de Mónica Lemos y Gustavo Lavalle, quien declaró hoy ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos contra casi 500 víctimas secuestradas en los excentros clandestinos de detención conocidos como Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno, de Lanús, entre ellas 18 mujeres embarazadas que dieron a luz en cautiverio, muchos de los cuales aún no recuperaron su identidad.
«Mis papás fueron secuestrados el 20 de julio de 1977, en su domicilio de José C. Paz, mi mamá estaba embarazada de mi, de 8 meses, y también secuestraron a mi hermana de 1 año y 5 meses», inició su relato María José.
En ese sentido, destacó que sus padres «eran muy queridos en el barrio, ese operativo dejó huella» y sostuvo que «habían militado en Montoneros y mi mamá tenía además militancia universitaria, era geóloga y maestra en la zona. Ellos fueron secuestrados y llevados a la Brigada San Justo y más tarde al Pozo de Banfield».
«A mi hermana María, antes de ese traslado, la dejaron en casa de unos vecinos de mi pueblo», precisó la testigo y explicó que la sobreviviente de la dictadura, Liliana Zambano, «contó que cuando la llevan al Pozo de Banfield se enteró por mi papá que mi mamá había dado a luz y que luego había sido trasladada en un vuelo (de la muerte)».
Cuando Mónica dio a luz a María José en el Pozo de Banfield estaba presente la sargento de la policía de San Justo, Teresa González, quien apenas nació la niña la tomó en brazos y se la llevó, criándola como hija propia.
«Me quedé a vivir con ella. Me apropió. En el ’85 las Abuelas empiezan a recibir denuncias sobre una posible hija apropiada por esta sargento. Van juntando las denuncias y hacen una causa judicial y es ahí que me localizan», relató y dijo que «la que fuera mi apropiadora se entera de ese inicio de causa y ahí empezamos a mudarnos de casa. Vivíamos en Hurlingham, luego en Mar del Plata, y dentro de Mar del Plata en varios lugares. Y un día le avisan que el juez me iba a buscar y me sacan en un auto y me esconden en una quinta, propiedad de un policía de apellido Silva. Es ahí donde me encuentra el juez».
Asimismo, detalló que en ese momento era octubre de 1987 y tenía 10 años. Y contó : «En el juzgado me cuentan que mi familia me estaba buscando. Me hacen el análisis y ahí confirman que yo era Lavalle Lemos. Me fui con mi abuela, con mi hermana y conocí a mis abuelos paternos. Era un matete de cosas, pero la verdad es que al poco tiempo me sentí bastante bien y después de un tiempo tenía la sensación que siempre había estado con ellos, con mi familia».
«A los apropiados nos robaron el derecho a que nuestros padres nos críen, nos eduquen, nos formen, nos den su impronta de visión de mundo y fue adrede, fue un plan ideológico en contra del enemigo subversivo, como ellos les decían», sostuvo y dijo que «esto que nos sacaron eran parte de ese plan político. Fue una de las consecuencias del terrorismo de Estado».
En otra parte de su declaración, afirmó que «es importante que la justicia imponga condenas severas, son situaciones que no cesan» y consideró que «este cambio de dirección que impusieron en nuestra vida nos va a acompañar siempre y en cierta medida también lo heredamos a nuestros hijos».
«Entre todas las aberraciones que cometieron (los represores) por parte de la justicia debe haber una condena ejemplar para que esas cosas no se puedan volver a hacer», destacó.
En la audiencia también declaró la hermana de María José, María Lemos Lavalle, quien había sido secuestrada junto a sus padres para luego entregarla a unos vecinos de sus abuelos, «en estado de shock, en un moisés sucio y con olor feo y a humo».
«Mis padres dejaron una marca de mucho amor y toda su militancia dentro de una estructura orgánica la volcaron al trabajo barrial, haciendo pedidos de luminarios, pedido de loteos», recordó.
María Lemos Lavalle, dirigiéndose al Tribunal, les dijo que «con mi hermana nos presentamos como querellantes en el 2005, todo este proceso fue muy largo, demasiado largo, mucha dilación y eso hizo que sea muy injusto todo este acto de justicia».
«Solicito, dentro de sus posibilidades, que hagan lo mínimo para que esto sea un poco mas justo», expresó.
También declaró en esta audiencia la sobreviviente Liliana Zambano, que al llegar al Pozo de Banfield supo por Gustavo Lavalle que su esposa Mónica Lemos había dado a luz y luego había sido «trasladada» junto a otras mujeres supuestamente al sur del país «en avión», en un hecho que luego se supo se trataba de los denominados «vuelos de la muerte».
El TOF 1, integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers, y Ricardo Basilico, juzga por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes al exministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; al exdirector de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Etchecolatz; el exmédico policial Jorge Antonio Bergés y a los imputados Federico Minicucci; Carlos María Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale.
También empezó a juzgar a Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garzón; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti.
Por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro conocido como «El Infierno» también están imputados Etchecolatz, Bergés y Smart y el expolicía Miguel Ángel Ferreyro.
Por los crímenes en el Pozo de Banfield y Quilmes, dos de los centros clandestinos de detención más grandes que funcionaron en la provincia de Buenos Aires, se juzgarán los delitos sufridos por 429 víctimas y se prevé que declaren unos 400 testigos.
Por los delitos cometidos contra 62 víctimas en el centro conocido como «El Infierno», que funcionó en la Brigada Lanús, será juzgado también Etchecolatz, el civil Jaime Smart, el ex represor Juan Miguel Wolk (también juzgado por ambos Pozos) y el expolicía Miguel Ángel Ferreyro.
