Luis Alberto Ortíz declaró ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, donde dio detalles de su paso por los centro clandestinos de detención de la dictadura cívico militar y la persecución que sufrió por su militancia obrera.
Un extrabajador de la empresa Peugeot relató su secuestro, las tortura que sufrió en cautiverio y la persecución sufrida por su militancia obrera, que le impidió conseguir empleo al estar caratulado como «un terrorista fabril» por parte de las autoridades de la última dictadura cívico militar, al declarar este martes en el juicio que se sigue por los delitos de lesa humanidad que se cometieron en los centros clandestinos de detención de «Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, el «Infierno» de Avellaneda.
Se trata de Luis Alberto Ortíz, quien declaró este martes ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata que desde octubre de 2020 juzga a 16 represores, entre ellos el exmédico policial Jorge Berges.
Este no es el primer juicio que se realiza en La Plata donde aparecen relatos de sobrevivientes o familiares de desaparecidos que vinculan a la empresa Peugeot con el accionar represivo de la última dictadura militar.
El 13 de mayo último, al dictarse sentencia en el denominado «Juicio Garachico», que condenó a reclusión perpetua al exrepresor Miguel Etchecolatrz y al expolicía Julio César Garachico, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata ordenó se investigue la posible complicidad de la empresa Peugeot en el secuestro de una de las víctimas de ese juicio.
«Militancia siempre tuve. El 9 de junio de 1956 fui herido en Pompeya de un bombazo producto del levantamiento militar. Una esquirla me hirió la pierna izquierda. Ya ahí fui víctima del terrorismo de Estado y ahí empezó mi militancia», relató Ortiz.
El testigo repasó que en 1977 había sido despedido de la empresa Peugeot, donde junto a otros compañeros luchaba por una mejora salarial para los trabajadores de la empresa.
«El 9 de noviembre de 1978, tenía 32 años. Estaba con mi mujer y mi hijita Marta que no llegaba al año. Irrumpieron en mi casa las fuerzas militares conjuntas. Enseguida me esposan, me encapuchan y me suben a un automóvil», detalló.
Para Ortíz, en ese momento «empezó el martirio, me llevaron a la DDI de Lanús, en Avellaneda (donde funcionaba el excentro El Infierno).
«Ahí me cablean y me hacen tortura con picana. Fue durante un rato, pero para mí fue eterno. Ya en el auto me habían golpeado los que me llevaban. Me desmayé y al despertar tenía los pantalones bajos, los calzoncillos bajos y la camisa abierta. Me habían aplicado picana en la boca, pero ya desnudo me dieron picana en la entrepierna y en los testículos», recordó con pesadumbre.
El trabajador estuvo secuestrado y torturado durante cinco días en «Infierno», con el propósito de que diera los nombres de sus compañeros.
«Me preguntaban quién estaba conmigo y yo no dije nada. Nunca iba a delatar a un compañero, ni a una persona que estuviera a mi lado. Aún cuando fuera un enemigo. Cuando me liberan es como si siguiera privado de la libertad. Era rectificador y preparador de máquinas y cuando entraba a trabajar en una empresa, por ejemplo en Saiar o Aluar, a las cuatro horas me llamaba mi mujer para decirme que me tenía que volver a la casa porque había llegado el telegrama de despido», recordó.
Ortiz precisó que «me aplicaron la ley que combatía el terrorismo fabril, por eso cuando iba a trabajar a las horas les avisaban que yo estaba con esa ley y me echaban».
«Por eso digo que yo seguí preso hasta muchos años después de que me liberaran. A mí me sacaron la libertad y la posibilidad de seguir laburando en la Argentina. Hablaban con la empresa y les decían que me tenían que echar. Tuve dos hermosas profesiones y no las pude ejercer», sostuvo.
Y sobre sus padecimientos, agregó: «Vendí querosene, pescado, tuve que hacer de todo para sobrevivir. El que no podía irse del país como yo, era peor que si estuviera en el infierno. Hasta tuve que alejarme de la familia para no implicarlos».
El hombre, que a raíz de lo vivido quedó con problemas cardíacos y sufrió un accidente cerebrovascular y se quebró en un sollozo ante el Tribunal al asegurar que «a veces no quiero recordar esto nunca más, pero agradezco que aquí se haga Justicia».
Durante esta audiencia también declaró María Verónica Morales, por el secuestro de Oscar Dedionigi y Raquel Margot de la Rosa, tíos de la mujer, quienes estuvieron cautivos en El Infierno.
«Quiero dejar registro del daño que nos hicieron no sólo a mi familia, sino a la sociedad toda. Dejaron una sociedad herida, fragmentada, dañada. Como hemos sido formados todos nosotros, quiero decir que sólo pedimos justicia. Hoy por hoy en el Estado es super importante buscar Justicia, y por sobre todo la Verdad absoluta», remarcó.
El TOF 1, presidido por Ricardo Basilico, juzga por los delitos cometidos en el Pozo de Bánfield, el Pozo de Quilmes y El Infierno al ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; el exmédico policial Jorge Antonio Berges y a los imputados Federico Minicucci; Carlos Maria Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale.
También empezó a juzgar a Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garzón; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti.
