En una jornada que redefine la política de seguridad en Argentina, el Senado de la Nación convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil este viernes 27 de febrero de 2026. Con una mayoría que superó las expectativas iniciales (44 votos a favor frente a 27 en contra), el oficialismo logró imponer el criterio de «responsabilidad plena» para menores a partir de los 14 años, sepultando una normativa que databa de 1980.
Inmediatamente después de la votación, la Oficina del Presidente Javier G. Milei emitió un comunicado oficial celebrando la sanción. Según el Ejecutivo, esta ley cierra un ciclo de «cuatro décadas de inacción legislativa» y actualiza un marco normativo que consideraban desconectado de la realidad criminal del siglo XXI.
«Delito de adulto, pena de adulto»
El Gobierno sostiene que este cambio de paradigma es, ante todo, un «acto de justicia hacia la sociedad». Bajo la premisa de que quien tiene capacidad de comprender la gravedad de sus actos debe asumir las consecuencias, el nuevo régimen se apoya en tres ejes fundamentales destacados por la Presidencia:
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Responsabilidad sin excepciones: Todo menor de entre 14 y 18 años deberá responder ante la ley por sus actos.
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Prioridad en las víctimas: La seguridad ciudadana y la protección de los damnificados se establecen por encima de cualquier otra consideración.
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Consecuencias reales: Se busca terminar con el «caos e impunidad» mediante penas proporcionales a la gravedad del delito.
Los números de una votación fracturada
La Cámara Alta reflejó una clara división de bloques, consolidando la alianza del Gobierno con sectores de la oposición dialoguista:
| Bloque / Postura | Integrantes / Cantidad |
| Votos Afirmativos (44) | La Libertad Avanza, PRO, UCR y bloques provinciales. |
| Votos Negativos (27) | Interbloque Unión por la Patria y sectores de izquierda. |
| Abstenciones (1) | Alejandra Vigo (Córdoba). |
Entre los protagonistas, se destacó el apoyo de figuras como Luis Juez (PRO), Maximiliano Abad (UCR) y los senadores de La Libertad Avanza, Bartolomé Abdala y Ezequiel Atauche. En la vereda opuesta, el rechazo fue liderado por el interbloque kirchnerista con votos de Juan Manzur, Ana Marks y Martín Soria. Una nota discordante la dio el bloque Convicción Federal, que votó dividido: Sandra Mendoza lo hizo a favor, mientras que Carolina Moisés y Guillermo Andrada se opusieron.
El debate: Entre la «lógica zaffaroniana» y la falta de estructura
El recinto fue escenario de cruces de alto voltaje. La defensa de la ley estuvo marcada por un fuerte discurso contra el garantismo. Se argumentó la necesidad de terminar con la «lógica» de considerar al delincuente como una víctima, un punto reforzado por el comunicado presidencial al sentenciar: «En Argentina, dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada».
Por su parte, la oposición centró sus críticas en la viabilidad del proyecto. El senador Martín Soria advirtió que «no están dadas las condiciones para que un chico de 14 años esté alojado adecuadamente», tildando la medida de punitivista e inconstitucional frente a pactos internacionales.
Escala de penas y aplicación
La nueva ley establece un límite de 15 años de prisión para delitos gravísimos como homicidios o violaciones. Para aquellos delitos con penas menores a 3 años, el sistema prevé la aplicación de medidas socioeducativas y dispositivos de supervisión especializados.
El cierre de la sesión tuvo una carga emotiva particular: a pedido del bloque oficialista, se realizó un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de la inseguridad en todo el país, sellando una jornada que el Gobierno calificó como el inicio de una era de «orden y libertad».
