El Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) bonaerense, presidido por Federico Gastón Thea, desató una verdadera tormenta de sanciones económicas, amonestaciones y cargos contra intendentes y funcionarios de casi un centenar de municipios tras auditar el ejercicio 2023. El informe final, conocido en las últimas horas, pone el foco en graves incumplimientos administrativos, falta de transparencia y millonarios desequilibrios financieros en las arcas comunales.
Las multas más abultadas recayeron sobre distritos clave del Conurbano, revelando patrones de irregularidades que van desde la contratación directa sin licitación hasta el manejo dudoso de fondos y la falta de publicaciones oficiales.
Millones en multas
El informe del HTC no ahorró en castigos para algunos de los jefes comunales de mayor peso político:
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Ezeiza: Un legado de multas. El escándalo más notorio se concentra en la familia Granados. El ex intendente Alejandro Granados fue multado con $1.500.000 por contrataciones directas irregulares y un claro «exceso de personal». Su hijo y actual jefe comunal, Gastón Granados, recibió una sanción de $200.000 y, lo que es más grave, enfrenta cargos por más de $9,5 millones que lo obligan a reponer fondos al erario público.
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Esteban Echeverría: El desequilibrio. El intendente Fernando Gray recibió una multa de $1.200.000 por una combinación de faltas: irregularidades en el Boletín Oficial, problemas de acceso al sistema RAFAM y, un punto sensible, el «desequilibrio financiero» de su administración. El contador municipal también fue sancionado.
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Florencio Varela: depósitos no oficiales y contrataciones en la mira. El jefe comunal Andrés Watson deberá pagar $900.000 por el polémico uso de depósitos en bancos no oficiales y el abuso de contrataciones directas sin licitación.
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Lomas de Zamora: bonificaciones y faltas de transparencia. La intendenta interina Marina Lesci fue sancionada con $700.000 por bonificaciones indebidas a personal y la crucial falta de declaraciones juradas de funcionarios. El actual intendente Federico Otermín también fue multado con $200.000.
Otros distritos con multas significativas, que oscilaron entre $200.000 y $800.000, incluyen a Presidente Perón, Merlo, Moreno, Malvinas Argentinas, La Matanza, La Plata y Avellaneda, todos por incumplimientos similares en la gestión administrativa y de fondos.
Amonestaciones
Además de las sanciones económicas, el HTC optó por una amonestación formal para varios intendentes de peso político, dejándolos al límite de futuras multas y cargos si no corrigen su curso. Entre los nombres destacados en esta lista se encuentran Jorge Ferraresi (Avellaneda), Néstor Grindetti (Lanús), Mayra Mendoza (Quilmes), Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Miguel Lunghi (Tandil).
La Contracara
En un escenario de fuertes críticas, algunos jefes comunales lograron la aprobación total del Tribunal, saliendo ilesos de observaciones, multas o amonestaciones. Entre ellos figuran Mariano Cascallares (Almirante Brown), Emilio Cordonnier (Ayacucho), Esteban Reino (Balcarce), Guillermo Britos (Chivilcoy) y Francisco Ratto (San Antonio de Areco), marcando un contraste notable en la gestión de fondos públicos.
Un control irrestricto
El fallo del Tribunal de Cuentas, que aún tiene pendiente el expediente de Tigre, subraya la creciente presión del organismo para garantizar la transparencia y el estricto cumplimiento normativo en el manejo de los fondos públicos. Las multas no son solo un castigo, sino una señal clara de que la discrecionalidad en la administración municipal tiene un alto costo, afectando directamente el patrimonio de los funcionarios responsables.
El Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) de la provincia de Buenos Aires
El Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) de la Provincia de Buenos Aires es un órgano de control externo que ejerce funciones de fiscalización sobre la actividad económica, legal y financiera de todo el sector público provincial y municipal. Su principal objetivo es garantizar la transparencia y el correcto uso de los fondos públicos.
Funciones
Sus funciones principales, derivadas de la Constitución y su Ley Orgánica, incluyen:
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Examen de Cuentas: Auditar y examinar las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas (tanto provinciales como municipales) al cierre de cada ejercicio.
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Aprobación o Desaprobación: Aprobar o desaprobar dichas cuentas. En caso de desaprobación, el Tribunal debe indicar el o los funcionarios responsables, así como el monto y la causa de los alcances (cargos) y las sanciones (multas).
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Inspección: Inspeccionar oficinas y entes que administren fondos públicos para prevenir irregularidades.
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Jurisdicción Administrativa: Sus fallos, que imponen multas o cargos, tienen carácter de título ejecutivo, lo que le otorga un poder casi jurisdiccional en el ámbito administrativo.
El HTC está compuesto por un Presidente abogado y cuatro Vocales contadores públicos, todos nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.
Posibilidad de apelación de los fallos
Sí, existe la posibilidad de apelar o impugnar los fallos del Tribunal de Cuentas, pero dentro de un marco legal específico.
Las sanciones y cargos impuestos por el HTC no son definitivos de inmediato y los funcionarios tienen derecho a ejercer su defensa a través de dos instancias principales:
1. Recurso de revisión (sede administrativa)
La primera vía es un recurso interno presentado ante el propio Tribunal de Cuentas:
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Plazo: El plazo para presentar el Recurso de Revisión es de 15 días hábiles administrativos, contados desde la notificación del fallo.
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Fundamento: Debe estar fundado en pruebas o documentos nuevos que justifiquen las partidas observadas, o en la no consideración o errónea interpretación de los documentos ya presentados.
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Requisito de Depósito: No es necesario realizar un depósito previo del monto de la multa para interponer este recurso.
Si el HTC declara la improcedencia del recurso de revisión, las sanciones adquieren firmeza en el ámbito administrativo.
2. Demanda contencioso administrativa (Sede Judicial)
Una vez agotada la vía administrativa (o si se decide ir directamente), la sanción puede ser llevada a la justicia a través de una Demanda Contencioso Administrativa ante los tribunales judiciales de la provincia (Cámaras de Apelación en lo Contencioso Administrativo).
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Este paso es crucial, ya que permite la revisión judicial de la legalidad de los fallos del HTC, garantizando el derecho de defensa y el debido proceso de los funcionarios sancionados.
En resumen, las sanciones del Tribunal de Cuentas pueden ser revisadas en primera instancia por el propio organismo (Recurso de Revisión) y, posteriormente, impugnadas en la justicia (Demanda Contencioso Administrativa).
