Mientras la atención pública se concentra en la reforma laboral, en el Senado avanza silenciosamente el proyecto de Ley Penal Juvenil. La dirigente gremial denunció que la norma viola tratados internacionales y que busca penalizar a los hijos de la clase trabajadora en un contexto de pobreza estructural.
En la víspera de una jornada clave en el Congreso de la Nación, la secretaria adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, lanzó una fuerte advertencia sobre el avance del proyecto que busca bajar la edad de punibilidad de 16 a 14 años. Según Cabezas, la iniciativa no solo es inconstitucional, sino que representa un retroceso peligroso en materia de derechos humanos.
Una reforma «silenciosa» y regresiva
Para Cabezas, el tratamiento de esta ley ha pasado inadvertido bajo la sombra de la reforma laboral, a la que calificó como una «reforma patronal». Sin embargo, la dirigente alertó que la reforma penal juvenil atenta directamente contra el principio de no regresividad de los derechos adquiridos.
#POLÍTICA «No podemos encerrar a quienes debemos cuidar»: @MercedesCabezas advierte sobre la inconstitucionalidad de la baja en la edad de punibilidad https://t.co/9y5lnsvJEr pic.twitter.com/j98meuMUDZ
— DataConurbano / NET (@DataConurbano) February 26, 2026
«La reforma es claramente inconstitucional», sentenció. «No puede existir una mirada penalizadora en vez de reparadora en casos donde el Estado debería ser el primer responsable de los sistemas de cuidado».
Los puntos más críticos del proyecto
La dirigente desglosó los aspectos técnicos del proyecto que, a su juicio, lo convierten en una medida meramente punitivista y sin fines de resocialización:
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Penas desproporcionadas: El proyecto prevé condenas de hasta 15 años para delitos graves. Cabezas señaló una paradoja cruel: «Para un chico de 14 años, la pena es más larga que todo su tiempo de vida».
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Falta de progresividad: A diferencia de otros regímenes, esta ley no contempla revisiones periódicas, salidas transitorias ni un sistema de reinserción social efectivo hasta cumplir las dos terceras partes de la condena.
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Ausencia de educación: La normativa omitiría políticas de educación obligatoria dentro de la reclusión, contraviniendo la Convención sobre los Derechos del Niño.
«Perseguir a los hijos de la clase trabajadora»
El análisis de Cabezas también tuvo una fuerte carga política y social. En una Argentina donde la pobreza afecta mayoritariamente a los menores de edad, la dirigente sostuvo que el Estado está eligiendo el camino del encierro sobre el de la prevención.
«En una sociedad con desigualdad estructural, es más importante pensar en mecanismos que nivelen esa brecha que en cómo privar de una vida en Estado de Derecho a nuestros jóvenes», afirmó. Para Cabezas, el foco del Gobierno parece estar puesto en perseguir a los sectores más vulnerables bajo la narrativa de la inseguridad, en lugar de fortalecer los «sistemas de abrazo» y protección.
El llamado a la acción
Hacia el cierre de su descargo, la referente gremial hizo un llamado a la sociedad y a los legisladores para resistir una ley que considera una «sentencia de futuro» para miles de adolescentes. «Nuestra responsabilidad es crear políticas de presente para que construir un futuro sea responsabilidad de todos», concluyó.
