La Cámara de Diputados dio media sanción al incremento de los haberes jubilatorios en un 7,2% y al aumento del bono complementario de 70 mil a 110 mil pesos. Además, se aprobó la extensión de la moratoria previsional por dos años.
La iniciativa obtuvo 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones. Los votos positivos provinieron de Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, la izquierda y otros aliados, mientras que La Libertad Avanza, un sector del PRO y algunos radicales la rechazaron.
Desde el Gobierno ya adelantaron que vetarán la medida, argumentando que afectaría el orden fiscal, con un impacto estimado de 12 mil millones de dólares, equivalente al 1,8% del PBI.
Debate y posiciones
La diputada Victoria Tolosa Paz (UP) defendió el 7,2% de aumento como una forma de compensar la inflación acumulada desde enero de 2024.
Desde La Libertad Avanza, el diputado Álvaro Martínez calificó la medida como una “estafa a los jubilados” y exigió una reforma integral del sistema previsional.
Por su parte, el presidente de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, sostuvo que el Gobierno probablemente vetará la ley, pero subrayó la necesidad de mejorar los ingresos de los jubilados ante la falta de diálogo.
Financiamiento de la medida
A propuesta del diputado Nicolás Massot (Encuentro Federal), se incorporaron mecanismos de financiamiento, como la eliminación de ciertas exenciones impositivas y la readecuación de partidas presupuestarias, incluyendo fondos destinados a la SIDE.
Próximos pasos
Con la media sanción en Diputados, la iniciativa ahora deberá debatirse en el Senado. Sin embargo, el veto presidencial ya anunciado por el Gobierno abre interrogantes sobre el destino final de la medida.
Dilema
El debate sobre el aumento a los jubilados refleja un dilema recurrente en la política argentina: la necesidad de mejorar los ingresos de los sectores más vulnerables frente a las restricciones fiscales del Estado. La aprobación de esta medida muestra que, más allá de las diferencias partidarias, existe un consenso en que los jubilados no pueden seguir perdiendo poder adquisitivo.
Sin embargo, el anuncio del veto presidencial pone en evidencia la tensión entre la búsqueda de justicia social y el ajuste económico. El desafío radica en encontrar un equilibrio entre mejorar las condiciones de vida de los jubilados y garantizar la sostenibilidad del sistema previsional a largo plazo. ¿Será posible alcanzar una solución que contemple ambas perspectivas?
