En una jornada marcada por protestas y detenciones frente al Congreso, la Cámara Alta debate la reforma de la Ley de Glaciares. El Gobierno busca destrabar inversiones mineras, mientras la oposición y científicos advierten por un «daño irreversible» a las reservas estratégicas hídricas.
El Senado de la Nación vive hoy una de sus sesiones más calientes del año. Con el quórum justo de 40 legisladores, el oficialismo logró dar inicio al tratamiento de la modificación de la Ley 26.639 (Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares). El proyecto, que ya cuenta con media sanción de Diputados, se presenta como la llave para atraer proyectos de megaminería de cobre y litio, pero ha despertado una resistencia social y científica sin precedentes.
El nudo de la discordia: ¿Qué es intocable?
El corazón del debate es la redefinición del «ambiente periglacial». Mientras la ley vigente desde 2010 protege todo suelo congelado que actúe como regulador hídrico, la nueva norma propone proteger únicamente aquellas zonas donde se demuestre un «aporte hídrico relevante y comprobable».
Para el Gobierno y los gobernadores de la «Mesa del Cobre» (San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy), esta distinción es vital. «No hay impacto ambiental más negativo que la pobreza», sentenció el gobernador catamarqueño Raúl Jalil, resumiendo la postura oficial: la ley actual es «demasiado amplia» y bloquea inversiones millonarias en zonas donde, según ellos, el hielo no cumple una función vital para el consumo humano.
Posturas políticas: Un mapa dividido
La votación se anticipa ajustada y las negociaciones de último minuto han sido febriles:
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El Oficialismo y Aliados: La Libertad Avanza cuenta con el apoyo en bloque de sus senadores y el respaldo de la UCR tras negociar modificaciones técnicas. Argumentan que se busca dar «certeza jurídica» y devolver a las provincias el dominio originario sobre sus recursos naturales (Art. 124 CN).
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El Peronismo Fragmentado: Aunque el grueso de Unión por la Patria rechaza el proyecto por considerarlo una «regresión ambiental», dos exgobernadores de provincias mineras, Sergio Uñac (San Juan) y Lucía Corpacci (Catamarca), se encuentran bajo la lupa. Sus votos podrían ser decisivos para inclinar la balanza a favor del Gobierno, priorizando la agenda productiva local por sobre la línea partidaria nacional.
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La Resistencia Ambiental: Organizaciones como Greenpeace y la Asociación de Abogadxs Ambientalistas denuncian que la ley «se vacía de contenido». Durante la mañana, 12 activistas fueron detenidos tras una performance frente al Congreso, sumando tensión a una calle custodiada por un fuerte operativo policial.
Ciencia vs. Economía
Desde el sector científico, el IANIGLA-CONICET ha expresado preocupación por el traspaso de facultades a las provincias para decidir qué se incluye en el Inventario Nacional de Glaciares. Los especialistas advierten que, en un contexto de crisis climática, reducir el «piso» de protección ambiental es inconstitucional y pone en riesgo las cuencas que alimentan al agro y a las poblaciones andinas.
Lo que sigue
Si el oficialismo logra la sanción definitiva hoy, Argentina enviará una señal contundente a los mercados mineros globales antes de la cumbre en Canadá. Sin embargo, el camino judicial parece inevitable: diversas ONG ya preparan recursos de amparo para frenar la aplicación de la norma alegando la violación del principio de «no regresión» en materia ambiental.
