El homicidio de un adolescente de 17 años en el barrio Uno de Ezeiza, ocurrido durante una juntada de motos, expone con crudeza la desprotección que persiste en algunas barriadas. El joven, que iba como acompañante en una moto junto a su primo, fue asesinado de un disparo en la espalda por delincuentes que intentaron robarles en plena vía pública.
El hecho ocurrió en una zona sin iluminación, sin cámaras de seguridad ni señalización vial. Un punto ciego para el Estado, pero visible para la criminalidad. Según la investigación, el ataque se produjo sobre la calle El Ombú, cerca de la autopista Ricchieri. Tras el intento de robo, el adolescente murió en el lugar y los agresores huyeron sin ser identificados.
La escena del crimen dejó rastros contundentes: una moto manchada de sangre, una zapatilla, un casco abandonado y las vainas servidas que probarían la secuencia fatal. El caso quedó caratulado como “homicidio agravado y tentativa de robo” en la UFI N.º 2 de Ezeiza.
Este episodio no solo suma una estadística más al mapa de la violencia, sino que plantea interrogantes urgentes: ¿Qué políticas de prevención alcanzan realmente los barrios periféricos? ¿Qué rol cumplen las juntadas juveniles en territorios desprovistos de espacios seguros? ¿Qué responsabilidad deben asumir los gobiernos municipales cuando los delitos se repiten en zonas sin presencia estatal?
Mientras la investigación busca responsables, la comunidad demanda respuestas más amplias: que no solo se persigan culpables, sino que se garantice el derecho a vivir sin miedo.
