La Justicia desestimó una denuncia por estafa impulsada por la entidad contra el sindicato SAFYB. El fallo revela que el Colegio negó afiliaciones legítimas de sus propios empleados y ahora podría enfrentar demandas por daños y perjuicios.
En un fallo que sienta un precedente sobre la libertad sindical y el manejo de los conflictos laborales en organismos profesionales, la Justicia dictó un duro revés contra las autoridades del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal (COFyBCF). La resolución judicial confirmó que la entidad realizó denuncias infundadas contra el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) tras intentar desconocer la afiliación de dos de sus trabajadores.
El origen del conflicto
La disputa comenzó en 2020, bajo la gestión de Claudio Ucchino. En aquel entonces, la conducción del Colegio radicó una denuncia penal alegando una presunta estafa por parte del sindicato. El argumento central era que la farmacéutica Laura Butticce y el bioquímico Roberto Parlamento —empleados de la institución en su sede de la calle Rocamora— no estaban afiliados a SAFYB y que, por lo tanto, los reclamos de cuotas sindicales eran fraudulentos.
Sin embargo, lo que comenzó como una ofensiva legal del Colegio terminó exponiendo una estrategia de «mala praxis jurídica».
Pruebas contundentes
La investigación, que recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 23, echó por tierra la versión oficial de la entidad. Las pericias caligráficas y la documentación presentada demostraron fehacientemente que:
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Las fichas de afiliación contaban con las firmas auténticas de los trabajadores.
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Existían registros de participación activa de ambos profesionales en la vida sindical.
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Había constancia de comunicaciones internas dirigidas a ellos en calidad de afiliados.
Ante la contundencia de las pruebas, el pasado 13 de febrero de 2026, la Sala IV de la Cámara de Apelaciones ratificó el sobreseimiento de los dirigentes sindicales, dejando firme la postura de que la denuncia carecía de todo sustento.
Consecuencias legales y malestar institucional
El panorama para el Colegio de Farmacéuticos es ahora complejo. El fallo no solo deja a la conducción en una posición ética delicada frente a sus matriculados, sino que abre la puerta a:
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Demandas por daños y perjuicios: El sindicato y los dirigentes afectados podrían reclamar resarcimientos económicos por la denuncia infundada.
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Causas por falso testimonio: Los empleados involucrados podrían enfrentar cargos legales si se comprueba que sus declaraciones durante el proceso no se ajustaron a la realidad para favorecer la postura de la patronal.
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Costo financiero: Existe un creciente malestar entre los colegiados, ya que los gastos derivados de este litigio fallido y las posibles indemnizaciones impactarán directamente en los recursos de la institución.
«El caso expone una combinación de decisiones administrativas cuestionables y un intento de obstruir la organización sindical que terminó en un traspié judicial difícil de justificar», señalaron fuentes del sector.
Este episodio pone bajo la lupa la transparencia en la gestión de los colegios profesionales y la vigencia de los derechos laborales en el actual contexto sociopolítico, donde las prácticas calificadas como «antisindicales» encuentran un límite en la ratificación de la justicia ordinaria.
